La «Convocatoria por el agua y la soberanía. Contra el Proyecto Neptuno» es la continuidad del Encuentro Nacional que tuvo lugar el pasado 20 de febrero en la Plaza Independencia de Montevideo, en cuya oportunidad a iniciativa conjunta del Movimiento Uruguay Soberano y otras organizaciones en defensa del agua y la soberanía, cientos de ciudadanos se manifestaron contra el llamado “Proyecto Neptuno” (conocido también como “Proyecto Arazatí”).
En lo que dieron en llamar “Encuentro Nacional por el Agua y la Soberanía. En rechazo al Proyecto Neptuno (Arazatí)”, entre convocantes y oradores de estas iniciativas se destaca la participación del Ing. Daniel Panario (Director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la UDELAR), el Dr. Juan Ceretta, el Med. Vet. Irineu Riet Correa, la Dra. Margarita Machado, el Ing. Agr. César Vega, el Med. Vet. Esteban Calone (Comisión de Seguimiento de UPM), el Dr. Hoenir Sarthou y el escritor y periodista Marcelo Marchese, entre otros.
Firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou a pocas semanas del cambio de gobierno, el contrato que habilita la construcción del Proyecto Neptuno continuará en vigencia en el próximo período, dado que el presidente electo Yamandú Orsi aseguró que va a “honrar” dicho contrato, como forma de garantizar la “seguridad jurídica”, concepto que ha sido defendido por todos los gobiernos posteriores a la última dictadura como un activo que nos define y caracteriza como País.
El proyecto, que prevé suministrar agua del Río de la Plata para la capital, área Metropolitana y zonas cercanas, tiene un costo público de unos 900 millones de dólares durante los 20 años de vigencia del contrato.
Entre los principales cuestionamientos al proyecto se destacan la pésima calidad del agua a utilizar; su elevado costo de ejecución; la privatización del suministro del agua (consagrada en la Constitución de la República como un bien esencial para el consumo humano que debe ser administrado exclusivamente por el Estado); y la pérdida de soberanía sobre un recurso natural estratégico también desde el punto de vista geopolítico.
A pesar de los cuestionamientos ambientales, técnicos y jurídicos que abarcan desde diversos estudios de organismos públicos y privados, incluyendo análisis exhaustivos de la Universidad de la República sobre la calidad del agua a tratar y los riesgos para su consumo, hasta la inconstitucionalidad (muchos de ellos compartidos incluso por la Mesa Política del Frente Amplio y figuras de sus distintos sectores), oficialismo y oposición, saliente y entrante, están igualmente decididos a garantizar la vigencia del contrato, lo que constituye un nuevo ataque a nuestra soberanía y a lo dispuesto por la Constitución de la República sobre este recurso de vital y estratégica importancia para el Uruguay.
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