Sin embargo, el nuevo gobierno, que prometió cambios y mayor transparencia, ha optado por el silencio, negándose a responder preguntas clave sobre su legalidad y viabilidad.
¿Por qué el gobierno evita hablar del contrato Neptuno-Arazatí?
Si el contrato fuera justo y beneficioso, ¿por qué no defenderlo públicamente? La negativa a conceder entrevistas a abogados, ingenieros y especialistas en el tema refuerza la sospecha de que hay cláusulas perjudiciales que no resisten un análisis técnico ni jurídico. La frase repetida por el Ejecutivo, “los contratos se deben respetar”, parece un intento de cerrar el debate antes de que inicie, ignorando que no todos los acuerdos son legítimos ni deben perpetuarse si atentan contra el interés nacional.
El agua: un recurso vital que no puede estar en manos privadas
El suministro de agua potable no es un negocio más, sino un derecho fundamental. Entregar su control a una empresa transnacional implica perder soberanía sobre un recurso estratégico, poniendo en riesgo el acceso equitativo para la población. Los antecedentes internacionales demuestran que cuando el agua cae en manos privadas, los costos aumentan y el servicio no siempre mejora.
Desilusión y malestar en los votantes del nuevo gobierno
Este contrato no solo ha generado indignación en los sectores que siempre lo rechazaron, sino también en los propios votantes del gobierno entrante. Muchos esperaban que el cambio de administración trajera consigo la anulación del acuerdo, ya que fue firmado en los últimos días del mandato anterior, casi como un acto de entrega antes de salir. Sin embargo, la falta de respuesta y la postura evasiva han generado pesimismo, desánimo y un creciente malestar entre quienes confiaron en que habría una revisión profunda del caso.
El miedo del gobierno a enfrentar la verdad
La historia demuestra que la pérdida de soberanía no ocurre de un día para otro, sino a través de decisiones silenciosas y acuerdos que se firman sin consulta popular. En este caso, más que miedo a una entrevista, el Ejecutivo parece temer a la verdad. Y cuando un gobierno teme la verdad, es porque sabe que esa verdad lo deja en evidencia.
Este tema seguirá generando debate y presión ciudadana. La pregunta sigue en el aire: ¿se priorizará el interés del pueblo o el de las corporaciones?
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