La cuestión se plantea cuando la persona no puede o no quiere terminar con su vida por sus propios medios y requiere la colaboración de otras personas e instituciones.
Ese es el caso contemplado en el proyecto de ley a estudio, que pretende regular la forma en que la sociedad, a través de instituciones médicas, puede poner fin a la vida del paciente. Es decir puede matarlo -evitemos los eufemismos- sin temor a incurrir en delito de homicidio.
Y allí es donde esta el principal problema del proyecto.
Sea cual sea la postura filosófica o religiosa individual, todos debemos aceptar que, en nuestro régimen jurídico y en nuestra cultura, el derecho a la vida es el primero y más importante de todos los derechos, por lo que el principio general es que nadie puede disponer legítimamente de la vida de otra persona.
Eso significa que un proyecto de ley que se proponga autorizar la causación de la muerte debe ir acompañado de las máximas garantías para asegurar que la decisión de pedir la propia muerte sea libre, razonablemente fundada y no esté determinada por presiones o manipulaciones externas interesadas ni por estados psíquicos alterados del propio paciente.
Pues, bien, nada de eso ocurre en el proyecto a estudio. Todo el procedimiento se cursa dentro de las instituciones médicas y con la mera intervención de dos médicos (ninguno de los cuales tiene por qué ser psiquiatra) y de dos testigos, que pueden ser dependientes de la misma institución médica.
El conflicto de intereses es tan obvio que hasta avergüenza decirlo. La atención de pacientes terminales y la aplicación de tratamientos paliativos es cara. Y, en un régimen de prepago, como es predominantemente el de las instituciones médicas uruguayas, a la institución le conviene económicamente ahorrarse esa atención y tratamientos. ¿Cómo se puede pensar en dejar la vida de las personas sujeta a la opinión de los empleados de quien se beneficia con su muerte?
En el Uruguay, el responsable último de garantizar los derechos de las personas es el Poder Judicial. ¿Cómo entender entonces que para la renuncia al derecho más importante se prescinda totalmente de la intervención del Poder Judicial? ¿Qué razón hay para ello?
No es que uno idealice al Poder Judicial, ni mucho menos, pero hay un hecho indudable: el Poder Judicial no se beneficia ni se perjudica con la vida o la muerte de un paciente. Es institucionalmente neutral. Todo lo contrario de lo que ocurre con las instituciones médicas, que pueden tener que gastar mucho si el paciente decide vivir y ahorrarán mucho si decide morir. Sin contar con la enorme vulnerabilidad y dependencia psicólógica del paciente internado respecto al sistema de salud que lo atiende. ¿Cómo poner el control de la decisión exclusivamente en manos de ese sistema en esas circunstancias?
Fíjense que la declaración de incapacidad de una persona, que habilita a negarle la administración de sus bienes y la decisión sobre sus condiciones de vida, requiere opinión médica y decisión judicial. Es el juez quien en definitiva declara a la persona incapaz y le suspende el ejercicio de muchos de sus derechos. Entonces, ¿cómo puede ser que la privación del mayor derecho existente, el derecho a la vida, se decida completamente por fuera del Poder del Estado que, por definición, es el responsable de garantizar los derechos de las personas? ¿No les resulta sospechable?
Que la salud es un negocio es algo que tristemente sabemos. Que hay en el mundo intereses partidarios de disminuir la población y acortar la etapa más cara e improductiva de la vida, la vejez, también lo sabemos o deberíamos saberlo.
Lo escandaloso es que semejantes criterios inspiren a la legislación uruguaya y se escondan detrás de declaraciones pretendidamente humanitarias, que visten de sensibilidad a lo que es una decisión crudamente económica y política.
La eutanasia, en esas condiciones, es necropolítica y negocio, en sus peores expresiones.
Conste que no me opongo a la eutanasia como decisión libre de una persona. Lo que digo es que la falta de garantías con que se pretende instrumentarla en este proyecto debería causar alarma e indignación a cualquier persona que aprecie su propia vida y la de sus seres queridos.
Si el padre reviviera y viera lo que piensa, hace, dice, escribe su hijo se aplicaba la eutanasia urgente
Señora Teresa: quien agravia sin argumentar, sólo demuestra que no tiene argumentos, así que gracias por descubrir, con su gesto, dónde está la verdad. Por lo demás, el agravio haciendo referencia a los vínculos de sangre es el más repugnante de los agravios, ya que interfiere en lazos profundos y ancestrales de los cuáles, el que agravia, no sabe nada y sólo proyecta sus fantasías y sus culpas.
La grosería dicha por Teresa Blanco fue claramente respondida por Marcelo Marchese. Sólo me resta señalar la inmoralidad que implica usar a los muertos, que no se pueden defender, para agraviar a los que seguimos vivos. Le deseo a Teresa Blanco una larga vida, para que tenga tiempo de aprender por qué no se debe hacer lo que hizo.