Los proyectos de hidrógeno verde requieren enormes cantidades de agua dulce para la electrólisis, y al ser emprendimientos privados, existe el riesgo de que accedan al agua en condiciones favorables para las empresas, pero no para la población.
Si el agua se privatiza parcialmente con Neptuno, empresas que produzcan hidrógeno verde podrían asegurarse su suministro a precios preferenciales, mientras que OSE y los ciudadania uruguaya, quedaríamos inexorablemente en segundo plano.
Este negocio apuesta al hidrógeno como exportación, pero si la infraestructura queda en manos extranjeras, el país pierde soberanía perdiendo el control sobre sus recursos estratégicos, -en este caso el agua potable-.
Al igual que con UPM, estos proyectos suelen firmarse con cláusulas confidenciales.
El contrato Neptuno y los acuerdos para el hidrógeno verde comparten un modelo de negocio que prioriza la rentabilidad privada sobre el interés público.
Si el agua es entregada a privados, se abre la puerta a que el hidrógeno verde termine beneficiando principalmente a empresas extranjeras, en lugar de integrarse a un modelo de desarrollo soberano para Uruguay.
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