Pablo Ferreri asume la presidencia de OSE
Luego de una semana cargada de negociaciones, se fueron desvelando los nombres de algunos de los designados para dirigir los destinos de los diferentes entes públicos del Estado para el actual período de gobierno que finalizará en febrero de 2030. Uno de ellos fue el Contador Pablo Ferreri quien el pasado viernes 28 asumió la Presidencia de OSE, ente que está en la mira de todos.
Ferreri ya ocupó cargos públicos en distintos gobiernos del Frente Amplio, siendo Director de la DGI en el mandato de Mujica y subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas en el segundo mandato de Tabaré Vázquez. También fue Presidente de la CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias), con sede en Panamá, entre 2010 y 2011, según se desprende de su perfil en LikedIn.
En su primer discurso como titular de la presidencia del organismo, sostuvo que: “Actualmente, la empresa se encuentra en una situación financiera compleja, debiendo afrontar un descalce financiero de 55 millones de dólares en los próximos meses. Para que quede claro: no alcanza con lo que está previsto que entre para pagar las obligaciones”, algo que no sorprende ya que varios organismos estatales se encuentran en una situación de desfinanciamiento similar, pero que no por ello deja de ser preocupante.
En relación al contrato firmado con el consorcio Aguas de Montevideo, quien llevará adelante el proyecto Neptuno-Arazatí, el flamante presidente de la cartera indicó que hay que revisar el contrato, sumándose así a lo dicho por el propio presidente electo Yamandú Orsi, pese a que este último se comprometió a honrar el compromiso asumido.
Tarea difícil tendrá por delante ya que, tanto en la interna del propio Frente Amplio como en gran parte de la sociedad, el proyecto genera grandes rechazos pues se asume una obra millonaria que lejos estará de solucionar el problema de abastecimiento de agua potable y le generará al Estado un compromiso a muy largo plazo con un coste altísimo a nivel económico, lesionando sensiblemente la soberanía nacional.
Refiriéndose a otros temas, durante la semana el presidente de la República comentó que “la sociedad precisa señales”, pues bien, buena señal sería que se cumpliera primero con el compromiso asumido con la sociedad uruguaya que en una amplia mayoría decidió en 2004, (en el último plebiscito popular que obtuvo el consenso de gran parte del país), que la gestión y suministro del agua debe ser deber exclusivo del Estado.
Constitución de la República Oriental del Uruguay
SECCION II – DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS
CAPITULO II
Artículo 47
La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores.
El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales.
La política nacional de Aguas y Saneamiento estará basada en:
- ) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza.
- ) la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas.
- ) el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones.
- ) el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico.
Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto.
2) Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico.
3) El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
4) La ley, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá autorizar el suministro de agua, a otro país, cuanto éste se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad.
Chocando contra el muro
El 19 de marzo, a solicitud de la diputada por Identidad Soberana Nicole Salle, se reunieron en el palacio legislativo los diputados Federico Preve, Pablo Abdala y Gustavo Salle para la evaluar la creación de una comisión investigadora sobre la gestión que el gobierno tuvo sobre la pandemia del covid-19, que se extendió desde 2020 a 2022 y que se desarrolló en circunstancias inéditas en este tipo de situaciones.
La pre-comisión encargada de evaluar y recomendar dicha solicitud fue integrada por un representante del partido solicitante, uno del Partido Nacional y otro del Frente Amplio y contó con el voto favorable de Gustavo Salle (padre de la diputada y también diputado nacional) y los negativos de Federico Preve (Frente Amplio) y Pablo Abdala (Partido Nacional).
Tanto el representante del Partido Nacional como el del Frente Amplio no creyeron conveniente recomendar la creación de esta Comisión porque, según entienden, no hay sustentos que justifiquen su creación, pese a que, como en el caso del diputado Preve, tiene discrepancias en cómo se manejó la situación.
Más allá de las argumentaciones que se pudieron esgrimir a favor o en contra de la creación de dicha comisión el resultado no sorprende en absoluto. Investigar este hecho sin precedentes en la historia de la humanidad implica tocar un montón de intereses, complicidades y secretos muy sensibles para los grupos de poder globalistas que, desde hace décadas, son los que dictan las reglas del juego.
Cuando hay negación a la transparencia y se ocultan cosas, NUNCA es para mejor (que se intente engañar a la gente con que existen justificaciones válidas para un engaño , mentira u ocultamiento de información solo lo empeora y lo hace más grave). La excusa más utilizada es «es para ayudar» o «proteger», tratandonos de tontos a todos…