Reseña de la semana (1 – 6 de abril)

Imperium et orbi

Posiblemente la noticia que generó más impacto en la opinión pública en esta semana que pasó haya sido la aprobación en el senado del ingreso al país de de fuerzas especiales de los Estados Unidos con 27 votos en 27, prevista para el 6 de abril y que se extenderá hasta mediados de mayo. Si bien hubo reparos en algunos senadores frenteamplistas en sus exposiciones, en donde expresaron claramente su rechazo a lo que estaba en discusión, esto no se vio reflejado en la votación, ya que la aprobación del proyecto fue unánime en favor al ingreso de 10 efectivos militares, con su armamento individual, equipo y munición, que llegarían para capacitar a las fuerzas armadas en nuevas técnicas de combate y operaciones especiales.

No tengo que decir lo que esto implica en materia de soberanía nacional, el hecho de que entren militares de otros países en tiempos de paz al país, de cuya finalidad no conocemos detalle que haya trascendido más allá del mencionado entrenamiento (¿para qué o con que finalidad? No sabemos), especialmente fuerzas norteamericanas que tienen injerencia e influencia en casi todas partes del mundo, con un pasado relativamente reciente en Iberoamérica que indica que este tipo de situaciones nos son las mejores ni las deseadas para ningún país que se precie de ser independiente y soberano.

Ahora, lo peor de todo el asunto es que, a pesar de que fue el partido que en la opinión de sus representantes ofreció más reparos a este asunto, los frenteamplistas a la hora de votar votaron todos de forma afirmativa aludiendo a la cuestión de la “disciplina partidaria”.

Por ejemplo, la senadora Constanza Moreira, en su exposición durante la discusión de este proyecto de ley, hizo una apología de la partidocracia y de lo bueno de que haya un acuerdo o reglamento disciplinario dentro de su partido que implica que, pese a que estés en contra, tenés que votar como la mayoría. Nada más alejado del ideal de democracia es que tengas que votar algo en lo que no estás de acuerdo. Porque incluso, lo bueno de que haya puntos de vista diferentes, es que se logre la discusión y la argumentación buscando convencer a la otra parte para lograr cambiar su opinión y esto solo sucederá siempre que el otro voluntariamente acepte que los argumentos esgrimidos son ciertos y suficientes y superiores a los suyos para cambiar su postura. Bueno esto no ocurre en la disciplina partidaria; no se vota por convencimiento, se vota por lo que quieren los demás sea esto bueno o malo; si somos 15 y 10 levantan la mano, los otros 5 están obligados a levantar la suya sin mayores explicaciones y esto solo puede suceder cuando vos le debes mas al partido que a tus ideas.

Cierro esta reseña con una frase que encontré en internet, que se la atribuyen a San Agustín de Hipona, y que bien ilustra esta situación: “Lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo hagan. Lo correcto es correcto incluso cuando nadie lo hace”. Varios políticos deberían ser más obsecuentes con su pensamiento que con el disciplinamiento, más si creen firmemente en que están en lo correcto.

Aratirí capítulo IV

La novela sobre el trunco proyecto de megamineria Aratirí tuvo un nuevo capítulo esta semana, cuando se dio a conocer la resolución del Tribunal de Casación de París que finalmente decidió revocar la decisión de la Corte de Apelaciones de Paris de 2023 (contraria al estado uruguayo) a la que recurrieron los inversionistas del proyecto minero porque no aceptaron el fallo que el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) a razón de la demanda iniciada contra el Estado Uruguayo por incumplimientos, había fallado a favor de Uruguay en su reclamación.

Esto no significa el cierre definitivo del tema, sino que este último Tribunal desestimó la resolución de la Corte de Apelaciones que en 2023 habilitó a que los demandantes pudieran iniciar un nuevo proceso contra el estado uruguayo a petición de los inversionistas. Esta nueva y favorable decisión le da al Estado un poco de respiro para evaluar pasos a seguir de aquí en mas en relación a este conflicto que va a continuar atormentándonos por un tiempo más, pese a que 3 de las resoluciones sobre el tema han sido favorables a Uruguay.

Lo que si no se puede obviar en esta situación es visualizar el riesgo que se corre al firmar contratos de este tipo con empresas privadas y multinacionales (a las que no les interesa más que el lucro), que comprometen recursos naturales y estratégicos y que en caso de no cumplirse las condiciones pactadas te pueden generar más que un dolor de cabeza. Peor es cuando las condiciones son secretas y pueden llegar a comprometer más que solo dinero (como por ejemplo tu salud o tu forma de vida).

Es por eso que nuestra propuesta de reforma constitucional, que sigue en pie desde 2019, impide que este tipo de negociaciones se lleven a cabo en secreto y sin conocimiento de la opinión pública. Para poder alcanzar nuestro objetivo de plebiscitar nuestra propuesta de reforma constitucional (que muy claramente define que los contratos secretos sean discutidos y aprobados por el parlamento por mayoría especial mediante contratos ley -que serían de conocimiento público-; bajar la cantidad de firmas necesarias para habilitar un referéndum -hoy se necesita el 25% del padrón electoral, un disparate por donde se lo mire teniendo en cuenta el plazo de tiempo de apenas un año para juntar firmas-; y anular el contrato firmado con UPM por parte del Estado Uruguayo) necesitamos llegar a las 300.000 firmas, o más que firmas, a las 300.000 voluntades y conciencias capaces de darle y darnos a la sociedad uruguaya la posibilidad de decidir, con argumentos, que es lo mejor para el país.