El camino desde el Palacio Legislativo, donde se le tomó juramento a los nuevos empleados públicos encargados de llevar los destinos del Uruguay durante los próximos 5 años, estuvo marcado por el reclamo del Movimiento Uruguay Soberano, entre otros colectivos y agrupaciones en defensa del Agua, en rechazo a la firma del Proyecto Neptuno que selló el gobierno saliente y que el nuevo gobierno declaró que va a cumplir.
Proyecto Neptuno/Arazatí
Sin embargo, en los primeros días de la semana, el nuevo secretario de presidencia Alejandro Sánchez, hizo público en distintos medios de prensa que el contrato no es del agrado del actual gobierno y que tienen la intención de sentarse a negociar con el consorcio a cargo del emprendimiento para mejorar las condiciones firmadas, ya que el partido de gobierno no está de acuerdo en que la toma de agua sea en el punto que se eligió para el proceso de desalinización y potabilización (Arazatí), en los costos que demandaría la obra y en las soluciones finales que daría al abastecimiento de agua potable ya que manifestó que existían otras propuestas con mejores soluciones.
De todas maneras, el secretario de presidencia aclaró que, si bien la intención es sentarse a negociar, hay un contrato firmado y hay condiciones que no se pueden cambiar. De esto se entiende que todo dependerá de la voluntad del consorcio Aguas de Montevideo (integrado por las empresas Saceem SA, Berkes SA, Ciemsa y Fast Ltda) en rever algunos aspectos del contrato, pero hoy la ventaja la tiene el consorcio del que deberemos apelar a su buena voluntad para que algunos puntos se modifiquen.
Vale resaltar que el contrato firmado es por 20 años, implicaría un costo de unos 900 millones de dólares y solo abastecería a Montevideo y zona metropolitana en casos de escasez de agua potable, generando una reserva, no siendo una solución final al problema.
Por otro lado, el nuevo ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, quien asumió su cargo el día jueves en un hecho inédito para el Uruguay (ya que se trata del primer ministro de raza negra en asumir tal cargo) señaló que el agua potable hoy en el Uruguay no está garantizada, manifestó que se debe concretar un Acuerdo Nacional por el Agua y planteó la necesidad de obras de infraestructuras clave para solucionar el tema a mediano y largo plazo. También señalo que, de los 5 proyectos que se presentaron para el abastecimiento de agua potable, se eligió el más costoso y el único que involucraba inversión privada.
Cabe recordar que el gobierno actual inicia sus actividades con un proceso de arbitraje contra el Estado uruguayo por parte del Grupo Vía Central, encargado de la construcción de las vías férreas para el tren de la pastera UPM ubicada en Paso de los Toros, por supuestos incumplimientos de pagos de acuerdos firmados que le podrían demandar al país un total de 1.500 millones de dólares. Esto se suma a la demanda de los encargados del proyecto minero Aratirí que si bien en primera instancia se laudó a favor de Uruguay en 2020, un tribunal francés revocó la sentencia en 2023 y habilitó a que se pudiera iniciar nuevamente la demanda que, recordemos, es por más de 3.500 millones de dólares.
Declaración Ciudadana en defensa del Agua y contra el Proyecto Neptuno
Dentro de este marco, el Movimiento Uruguay Soberano (continuando con su lucha frente a los contratos secretos y lesivos para el bienestar y la soberanía del país, que comprometen recursos vitales y fundamentales como el agua en este caso) tuvo como iniciativa realizar una Declaración manifestando su rechazo a Proyecto Neptuno, a la cual te invitamos a adherirte, con la finalidad de que la ciudadanía se haga eco de la problemática del agua en nuestro país, sentando las bases de una acción ineludible para todos los uruguayos. La propuesta apunta sumar todas las adhesiones posibles para ser presentada ante el gobierno nacional.
Para sumarse a esta iniciativa puedes ingresar en el siguiente link:
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